Martes, 07 Mayo 2013 15:58

A un Siglo de Legislación Petrolera

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UN SIGLO DE LEGISLACIÓN PETROLERA EN COLOMBIA

 

Por Carlos Mantilla Mc Cormick

 

Antecedentes

Desde la aparición de las primeras normas sobre petróleo en Colombia, hasta los afanes regulatorios de hoy en día sobre los yacimientos no convencionales, ha  transcurrido un siglo de normas, contratos, gobiernos y empresarios que explican lo que es hoy la industria petrolera.

El millón de barriles diarios que hoy producen en Colombia Ecopetrol y los inversionistas privados son producto de muchas políticas vertidas en normas para que el país pudiera desarrollar el recurso natural en forma adecuada, técnica y económicamente. 

Hoy son “historia patria” las primeras concesiones que debieron ser aprobadas por el Congreso, la primera calificación de utilidad pública a la explotación del recurso natural y a la construcción de oleoductos y las regalías establecidas con tarifas diferenciales dependiendo de las zonas. También,  la primera ley del petróleo y los capítulos especiales para la explotación del petróleo de propiedad particular de los años 30.  Y la expedición del Código de Petróleos en los 50, hoy caduco y de aplicación parcial a las operaciones industriales del país, junto con la aparición de Ecopetrol para administrar el área revertida por la Concesión de Mares que aún hoy se encuentra en explotación.

De mucha importancia que en 1969, con la Ley 20, se marcó el comienzo de la extinción de derechos de propiedad privada del recurso, al declararse la propiedad pública como regla general, salvo ciertos derechos adquiridos, excepción que aún hoy permite un sistema mixto de propiedad y que sigue generando controversias por quienes pretenden algún derecho de propiedad particular.

En relación con la administración estatal del recurso, los grandes cambios se dieron en la entidad encargada de la administración del recurso y la celebración de contratos de exploración y producción de hidrocarburos,  en 1974, cuando se cambió del Ministerio de Minas y Energía por Ecopetrol, y en 2003, cuando se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos en sustitución de Ecopetrol.Estos cambios originaron los tres sistemas de contratación que aún permanecen vigentes en el país: la concesión, la asociación y la llamada concesión moderna.  Todas ellas que han permitido una amplia participación del capital privado que satisfaga la necesidad de desarrollar el recurso con el alto capital, el gran riesgo y la demanda tecnológica que hace imposible al Estado asumir de manera exclusiva su aprovechamiento.

Hoy, las normas que regulan la industria petrolera en Colombia describen la concepción del Estado de manera que la protección a este sector industrial está dado desde la Constitución Política de 1991 con una diversidad de normas que establecen, desde la propiedad  del Estado hasta el derechos de los particulares a participar en su desarrollo con los condicionantes tales como el pago de regalías, las limitaciones propias de la primacía del interés general sobre el particular, el principio del desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, la consideración a las comunidades étnicas y sus derechos en el aprovechamiento del recurso, así como al deber de consulta previa en las decisiones administrativas que les pudieran afectar.

El Estado se ha organizado de acuerdo a las necesidades de la época y continúa ajustándose con las exigencias propias del desarrollo técnico.  Muestra de ello es la normatividad y fórmulas contractuales para los yacimientos no convencionales que las entidades están diseñando para que esta nueva actividad en el país se pueda desarrollar. Y como toda novedad, no deja de causar controversia sobre las conveniencias e inconveniencias de su ejercicio, dependiendo de la visión, posición ideológica y política de quien la mire.  Lo cierto es que esta técnica está impactando mundialmente la relación entre productores y consumidores, los precios, las fuentes y los usos del gas como fuente de energía, con impredecibles resultados para las economías que dependen en gran medida de este recurso. Entre nosotros, la prioridad es la posibilidad de hallar  las reservas adicionales que satisfagan las necesidades de abastecimiento interno, la obtención de ingresos fiscales y el manejo adecuado de los impactos sociales y ambientales.

UN SIGLO DE LEGISLACIÓN PETROLERA EN COLOMBIA

Antecedentes

Desde la aparición de las primeras normas sobre petróleo en Colombia, hasta los afanes regulatorios de hoy en día sobre los yacimientos no convencionales, ha  transcurrido un siglo de normas, contratos, gobiernos y empresarios que explican lo que es hoy la industria petrolera.

El millón de barriles diarios que hoy producen en Colombia Ecopetrol y los inversionistas privados son producto de muchas políticas vertidas en normas para que el país pudiera desarrollar el recurso natural en forma adecuada, técnica y económicamente. 

Hoy son “historia patria” las primeras concesiones que debieron ser aprobadas por el Congreso, la primera calificación de utilidad pública a la explotación del recurso natural y a la construcción de oleoductos y las regalías establecidas con tarifas diferenciales dependiendo de las zonas. También,  la primera ley del petróleo y los capítulos especiales para la explotación del petróleo de propiedad particular de los años 30.  Y la expedición del Código de Petróleos en los 50, hoy caduco y de aplicación parcial a las operaciones industriales del país, junto con la aparición de Ecopetrol para administrar el área revertida por la Concesión de Mares que aún hoy se encuentra en explotación.

De mucha importancia que en 1969, con la Ley 20, se marcó el comienzo de la extinción de derechos de propiedad privada del recurso, al declararse la propiedad pública como regla general, salvo ciertos derechos adquiridos, excepción que aún hoy permite un sistema mixto de propiedad y que sigue generando controversias por quienes pretenden algún derecho de propiedad particular.

En relación con la administración estatal del recurso, los grandes cambios se dieron en la entidad encargada de la administración del recurso y la celebración de contratos de exploración y producción de hidrocarburos,  en 1974, cuando se cambió del Ministerio de Minas y Energía por Ecopetrol, y en 2003, cuando se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos en sustitución de Ecopetrol.Estos cambios originaron los tres sistemas de contratación que aún permanecen vigentes en el país: la concesión, la asociación y la llamada concesión moderna.  Todas ellas que han permitido una amplia participación del capital privado que satisfaga la necesidad de desarrollar el recurso con el alto capital, el gran riesgo y la demanda tecnológica que hace imposible al Estado asumir de manera exclusiva su aprovechamiento.

Hoy, las normas que regulan la industria petrolera en Colombia describen la concepción del Estado de manera que la protección a este sector industrial está dado desde la Constitución Política de 1991 con una diversidad de normas que establecen, desde la propiedad  del Estado hasta el derechos de los particulares a participar en su desarrollo con los condicionantes tales como el pago de regalías, las limitaciones propias de la primacía del interés general sobre el particular, el principio del desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, la consideración a las comunidades étnicas y sus derechos en el aprovechamiento del recurso, así como al deber de consulta previa en las decisiones administrativas que les pudieran afectar.

El Estado se ha organizado de acuerdo a las necesidades de la época y continúa ajustándose con las exigencias propias del desarrollo técnico.  Muestra de ello es la normatividad y fórmulas contractuales para los yacimientos no convencionales que las entidades están diseñando para que esta nueva actividad en el país se pueda desarrollar. Y como toda novedad, no deja de causar controversia sobre las conveniencias e inconveniencias de su ejercicio, dependiendo de la visión, posición ideológica y política de quien la mire.  Lo cierto es que esta técnica está impactando mundialmente la relación entre productores y consumidores, los precios, las fuentes y los usos del gas como fuente de energía, con impredecibles resultados para las economías que dependen en gran medida de este recurso. Entre nosotros, la prioridad es la posibilidad de hallar  las reservas adicionales que satisfagan las necesidades de abastecimiento interno, la obtención de ingresos fiscales y el manejo adecuado de los impactos sociales y ambientales.

 

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