Martes, 28 Mayo 2013 21:59

Reconocimiento del Derecho a la Propiedad de Territorios Ocupados por Indígenas.

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Consejo de Estado Fallo Número 44001233300020120007901

Reconocimiento del Derecho a la Propiedad de Territorios Ocupados por Indígenas.

 

Se interpuso la acción de tutela en contra de la inspección central de la policía de Riohacha, al adelantarse un proceso de desalojo del predio que ocupa pacíficamente hace varios años y que le pertenece por prescripción adquisitiva de dominio judicialmente declarada a la parte actora, tal y como la activa indica asi mismo señala que se presenta el desalojo atendiendo a la demanda fraudulenta efectuada por una persona que se presenta como propietaria legítima de las tierras afectadas bajo los hechos bajo análisis del Juez Constitucional.

Aunado a ella indica la comunidad que se esta desconociendo sentencia de fecha 6 de septiembre de 2010, emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, la cual adjudicó por prescripción adquisitiva de dominio, en cabeza de la señora Ana María Pushaina, el predio denominado Irrachon, cuya extensión superficiaria es de 66 hectáreas.

la sentencia en mención, fue presentada ante la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, pero esta oficina, rechazó la inscripción, fundamentándose en el artículo 37 del Decreto Ley 1250 de 1970, omitiendo su obligación de inscribir la sentencia como tal, pues ésta había quedado ejecutoriada, conforme a los términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil y fue proferida por un Juez de la República.

Por ello ante la negativa de la inscripción por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, el señor Germán González Iguarán y la señora Lida Henríquez Iguarán, procedieron a registrar su compra y alegar una posesión que nunca han ostentado, lo que se traduce en un fraude a la ley, pues debemos resaltar el hecho, que estas personas compraron en el papel, sin poder siquiera recibir las tierras materialmente, puesto quien las ha venido ocupando desde hace más de 20 años, tal y como se establece en la sentencia, es la señora Ana María Pushaina.

Señala la parte tutelante que la Secretaría de Gobierno Municipal en asocio con la Inspección de Policía, han violado el artículo 29 de la Constitución Nacional, el cual trata sobre el Debido Proceso, pues en su afán de colaborar con la querellante, ha vulnerado los derechos inalienables e imprescriptibles de los indígenas Wayúu, desconociendo además, la normatividad existente en procura de protegerle esos derechos a estas personas, en su condición de vulnerabilidad (Sentencia T-025 de 2004, Auto 004 de 2009, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y demás normas que hoy protegen a los indígenas de acuerdo a la diversidad étnica y cultural existente, Constitución Nacional artículo 7 y demás concordantes).

Ahora, con base en los hechos acaecidos la comunidad solicita Que cese de manera inmediata la vulneración de los derechos fundamentales al igual que el derecho de los miembros de la comunidad de Irrachon, teniendo en cuenta que muy a pesar de no haberse tramitado la inscripción ante la oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, la Sentencia de fecha 6 de septiembre de 2.010, al estar debidamente ejecutoriada, tiene fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento especialmente para las entidades administrativas.

Que una vez se constate el hecho de que no somos invasores, se ordene al Municipio de Riohacha a través de la Secretaría del Gobierno Municipal, la revocatoria de todo lo actuado, dentro del proceso de lanzamiento instaurado por la señora Lida Henríquez Iguarán.

Que se ordene a la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, proceder a la inscripción de la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2.010, la cual adjudica por prescripción, las tierras que hoy ocupamos y que se denomina Irrachon.

Ahora bien revisado los hechos que dieron vida al presente conflicto de tutela se procede a presentar el análisis normativo pertinente; es así como desde el punto de vista de la posesión material, se ha demostrado que las tierras objeto de controversia, lejos de haber sido poseídas por sus propietarios formalmente registrados, han sido materialmente poseídas y habitadas por una comunidad indígena Wayúu. En efecto, la señora Ana María Pushaina inició su posesión, según lo comprobaron sendos testigos, desde hace más de treinta años, posesión en ejercicio de la cual estableció su familia y se constituyó como comunidad indígena con una autoridad tradicional, estableció un cementerio donde dio sepultura a sus familiares, y ha desarrollado en forma permanente actividades de agricultura y pastoreo de conformidad con las pautas propias de su cultura ancestral. La señora Ana María Pushaina promovió demanda ordinaria buscando que se declarara judicialmente la prescripción adquisitiva de dominio sobre las 66 hectáreas ocupadas por su ranchería, y así lo obtuvo, mediante fallo proferido en septiembre de 2010.

Cuando la señora Pushaina buscó que se registrara el fallo judicial de septiembre de 2010, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha se negó a hacerlo, alegando que ya existía registro de otra sentencia que declaró la prescripción adquisitiva sobre las mismas tierras – a saber, la sentencia de diciembre de 2003 que declaró que había operado la usucapión de 1/3 parte de la propiedad del lote a favor de la señora Iris Isabel Iguarán. Se intentó registrar la sentencia en tres oportunidades, y en las tres oportunidades la Oficina de Registro se negó a hacerlo.

Posteriormente, la señora Lida Henríquez, quien compró formalmente el predio en mayo de 2012, promovió una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en contra de la comunidad indígena asentada en las tierras objeto de controversia. Si bien la diligencia de lanzamiento fue suspendida, por considerarse que se había acreditado la existencia de un conflicto jurídico sobre la propiedad de las tierras, posteriormente el superior jerárquico del funcionario que llevó a cabo la diligencia procedió a revocar su decisión y ordenar que se llevara a cabo, decisión adoptada en diciembre de 2012. Frente a estas decisiones de lanzamiento y de negativa a registrar el fallo que amparó la propiedad de la comunidad indígena es que se interpone la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala.

Por ello estos delicados problemas jurídicos no pueden ser resueltos, a la luz de la Constitución Política, por el juez de tutela. El juez de tutela únicamente tiene jurisdicción en este caso para pronunciarse sobre la diligencia de desalojo policivo que se adelantó sin que se hubiese obtenido una solución judicial de fondo al conflicto jurídico-territorial sustantivo que enfrenta a las partes, puesto que esta actuación prematura y abusiva de la autoridad sí constituyó una afrenta a los derechos fundamentales de la comunidad indígena. Aparte del tema específico del desalojo, la controversia jurídica entre las partes plantea problemas jurídicos que, si bien tienen claras repercusiones constitucionales, son del resorte de la jurisdicción ordinaria.

Corresponde a la señora Lida Henríquez, o a la comunidad indígena de Irrachon si así lo tiene a bien, iniciar el proceso judicial ordinario al que haya lugar para dar una respuesta a estos problemas jurídicos. No es el Consejo de Estado en sede de tutela la autoridad competente para indicar cuál proceso judicial ha de ser iniciado por las partes, que están en libertad de ponderar las distintas alternativas que les provee el ordenamiento jurídico colombiano para lograr este cometido.

Para lo que sí tiene el juez de tutela competencia en este caso, y de hecho un deber constitucional de acción, es para detener la diligencia policiva de desalojo de la comunidad indígena de estas tierras, por cuanto su desarrollo y ejecución presuponen una resolución del complejo conflicto jurídico subyacente, resolución que obligatoriamente tiene que ser otorgada por la jurisdicción ordinaria, y que a la fecha no se ha dado. Por ello, haber iniciado y desarrollado esta actuación policiva constituyó una vía de hecho por parte de la autoridad de policía, que actuó sin contar con los fundamentos jurídicos necesarios para ello puesto que intentó hacer valer un título jurídico de propiedad claramente precario y materialmente sujeto a ulterior resolución judicial. Nota la Sala que la diligencia de desalojo que se intentó hacer fue efectivamente suspendida por existir un conflicto jurídico de fondo que debía ser resuelto por las autoridades judiciales; no obstante, esta decisión –ajustada a derecho- fue revocada al resolver el recurso gubernativo interpuesto por la parte querellante, y en consecuencia actualmente, en ausencia de una orden de tutela que le detenga, la autoridad policiva efectivamente llevaría a cabo el desalojo. Esta situación es constitucionalmente inadmisible. Por lo mismo, la Sala ordenará a las autoridades policivas de Riohacha, demandadas, que se abstengan de adelantar cualquier tipo de actuación policiva orientada a desalojar a la comunidad Wayúu de Irrachon de las tierras que actualmente ocupan, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, mediante sentencia definitiva y en firme, sobre los problemas jurídicos que enfrentan a las partes y que la Sala recién identificó, luego del desarrollo y culminación de un proceso ordinario que la señora Lida Henríquez o la comunidad de Irrachon habrán de promover cuando así lo tengan a bien.

Finalmente decide el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-Sección “A”  confirmar la sentencia del 28 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, en el sentido en que DECRETÓ EL AMPARO de los derechos fundamentales al debido proceso, la vivienda digna y el mínimo vital de los miembros de la comunidad indígena Wayúu de Irrachon.

En segundo lugar modifica  la orden de tutela impartida en el numeral primero de la sentencia que se confirma, la cual quedará así:

ORDENAR al Secretario Municipal de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Riohacha que se asegure que las Inspecciones de Policía sujetas a su jurisdicción se ABSTENGAN de adelantar cualquier tipo de actuación policiva orientada a desalojar a la comunidad Wayúu de Irrachon de las tierras que actualmente ocupan, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, mediante sentencia definitiva y en firme, sobre los problemas jurídicos que enfrentan a las partes y que la Sala identificó en la presente sentencia, luego del desarrollo y culminación de un proceso judicial ordinario que la señora Lida Henríquez o la comunidad de Irrachon habrán de promover cuando así lo tengan a bien.

 

 

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