Colegio de Abogados

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Lunes, 17 Junio 2013 22:52

Decreto Número 1099 de 2.013

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Decreto Número 1099 de 2.013

Por la Cual se Adopta el Plan de Expansión Portuaria: Política Portuaria para un País más Moderno.

 

El Presidente de la República de Colombia considerando que mediante la Ley 1 de 1991 “Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones” establece en su Artículo 2 que el Ministerio de Obras Publicas, hoy Ministerio de Transporte presentará al “CONPES” para su aprobación los planes de expansión portuaria.

Por ello en sesión del quince (15) de abril de 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social “CONPES”  consideró y aprobó el Plan de Expansión Portuaria “Política Portuaria para un País más Moderno” contenido en el documento  Conpes 3744, razón por la cual se hizo necesaria su adopción.

En consecuencia se decretó la adopción  del plan de expansión portuaria “Política Portuaria para un País más Moderno”, derogando de esta manera todas aquellas normas que le sean contrarias.

Lunes, 17 Junio 2013 21:04

Resolución Número 0530 de 2.013.

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Resolución Número 0530 de 2.013.

Por la cual se Sustrae definitivamente un Área de la Reserva Forestal del Pacífico, Establecida Mediante la Ley 2 de 1959 y se Toman Otras Determinaciones.

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, presentó solicitud de sustracción de área de reserva forestal del Pacífico, ello con sus correspondientes estudios, para el Municipio de la Cumbre en el departamento del Valle del Cauca.

En este municipio se reporta el aprovechamiento de materiales pétreos meteorizados derivados de diabasas que se usan en construcción y en afirmado de vías.

De acuerdo a las condiciones geológicas del área y los diferentes proceso que se han desarrollado, se presenta en el municipio de la Cumbre, la aparición de diferentes yacimientos minerales, que en algunos casos están siendo explotados, con fines industriales, desarrollando una actividad minera incipiente, que puede llegar a aportar a la economía del municipio y servir de materia prima para diferentes actividades en la región, como suministro de materiales de construcción y procesos; se han reportado algunos títulos mineros, pero en términos generales hay personas que no cuentan con licencias ambientales para su funcionamiento.

El impacto ambiental se puede considerar como bajo para todo el municipio, por lo reducido de la actividad.

Se resuelve sustraer definitivamente un área de 8877,6 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacifico, en el municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, solicitada por INCODER, para la adjudicación de bienes baldíos.

 

Lunes, 17 Junio 2013 16:45

Resolución Número 0529 de 2.013

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Resolución Número 0529 de 2.013.

Por la cual se Sustrae definitivamente un Área de la Reserva Forestal del Pacífico, Establecida Mediante la Ley 2 de 1959 y se Toman Otras Determinaciones.

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, presentó solicitud de sustracción de área de reserva forestal del Pacífico, ello con sus correspondientes estudios.

En relación a las áreas de producción minera, en el municipio se reporta el aprovechamiento de materiales pétreos meteorizados derivados de diabasas que se usan en construcción y en afirmado de vías.

Luego del análisis de los estudios realizados sobre la zona solicitada se resolvió sustraer definitivamente 7935,45 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacifico, en el municipio de Restrepo, Valle del Cauca, para la adjudicación de baldíos en el marco de la Resolución Número 293 de 1998, lo que no cobija actividades de utilidad pública o interés social.

Estas zonas solo podrán enfocarse al desarrollo de actividades forestales, agroforestales y silvopastoriles.

Se deberá excluir para el desarrollo de las actividades productivas en las áreas sustraídas los páramos, las áreas de nacimiento y recarga hídrica, las márgenes de las corrientes y zonas de inundación de ríos y quebradas, humedales y manglares.

Es importante señalar que los predios que no sean adjudicados conforme a lo dispuesto en esta resolución o aquellos que hayan sido objeto de un procedimiento de reversión de la adjudicación al dominio de la Nación, recobrarán su condición de Reserva Forestal. Así mismo en ningún caso se podrá adelantar procesos de licenciamientos ambientales hasta tanto no se haya cumplido con el procedimiento de adjudicación de baldíos, en cuyo caso, la autoridad ambiental competente deberá evaluar la compatibilidad del proyecto con los objetivos de sustracción realizada.

 

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El Consejo de Estado Indica que No Oponerse a Proceso de Aporte de Área Minera deja sin Efectos Derechos Adquiridos por Licencia de Exploración.

 

El Consejo de Estado indicó mediante la Sentencia 12153 de 2.013, que el hecho de no oponerse dentro de un plazo razonable al aporte de un área minera regida por la legislación de 1970, hace que el titular de la licencia de exploración pierda los derechos que adquirió para intervenir de manera exclusiva en la zona.

El Consejo de Estado concluyo esto luego del análisis realizado al  Artículo 192 del Decreto 1275 de 1970 que dice que al presentarse ausencia de objeciones se crea un nuevo estado de las cosas, dejando de esta manera sin efectos los títulos mineros concedidos con anterioridad.

Por otro lado señalo que es el Ministerio de Minas y Energía el competente para fijar de manera unilateral la reducción del área de explotación ello con base en lo normado en el Artículo 270 del Decreto 2655 de 1985. 

Martes, 04 Junio 2013 16:36

Resolución Número 411 de 2013

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Resolución Número 411 de 2013

Por la Cual se Establece la Metodología, los Términos y Condiciones para la Determinación del Precio Base de la Liquidación de Regalías de Petróleo Causadas Durante el Año 2013.

 

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos “ANH”, con las facultades que le otorga la Ley, expidió la Resolución 411 de 2013, mediante la cual se indica la metodología, término, condiciones y formulas aplicables para determinar el precio base de la liquidación de las regalías del petróleo para el año 2013. 

Ver: http://www.anh.gov.co/media/regalias/Resolucion_411_de_2013_precios_base_CRUDO.pdf

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Consejo de Estado Fallo Número 44001233300020120007901

Reconocimiento del Derecho a la Propiedad de Territorios Ocupados por Indígenas.

 

Se interpuso la acción de tutela en contra de la inspección central de la policía de Riohacha, al adelantarse un proceso de desalojo del predio que ocupa pacíficamente hace varios años y que le pertenece por prescripción adquisitiva de dominio judicialmente declarada a la parte actora, tal y como la activa indica asi mismo señala que se presenta el desalojo atendiendo a la demanda fraudulenta efectuada por una persona que se presenta como propietaria legítima de las tierras afectadas bajo los hechos bajo análisis del Juez Constitucional.

Aunado a ella indica la comunidad que se esta desconociendo sentencia de fecha 6 de septiembre de 2010, emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, la cual adjudicó por prescripción adquisitiva de dominio, en cabeza de la señora Ana María Pushaina, el predio denominado Irrachon, cuya extensión superficiaria es de 66 hectáreas.

la sentencia en mención, fue presentada ante la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, pero esta oficina, rechazó la inscripción, fundamentándose en el artículo 37 del Decreto Ley 1250 de 1970, omitiendo su obligación de inscribir la sentencia como tal, pues ésta había quedado ejecutoriada, conforme a los términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil y fue proferida por un Juez de la República.

Por ello ante la negativa de la inscripción por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, el señor Germán González Iguarán y la señora Lida Henríquez Iguarán, procedieron a registrar su compra y alegar una posesión que nunca han ostentado, lo que se traduce en un fraude a la ley, pues debemos resaltar el hecho, que estas personas compraron en el papel, sin poder siquiera recibir las tierras materialmente, puesto quien las ha venido ocupando desde hace más de 20 años, tal y como se establece en la sentencia, es la señora Ana María Pushaina.

Señala la parte tutelante que la Secretaría de Gobierno Municipal en asocio con la Inspección de Policía, han violado el artículo 29 de la Constitución Nacional, el cual trata sobre el Debido Proceso, pues en su afán de colaborar con la querellante, ha vulnerado los derechos inalienables e imprescriptibles de los indígenas Wayúu, desconociendo además, la normatividad existente en procura de protegerle esos derechos a estas personas, en su condición de vulnerabilidad (Sentencia T-025 de 2004, Auto 004 de 2009, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y demás normas que hoy protegen a los indígenas de acuerdo a la diversidad étnica y cultural existente, Constitución Nacional artículo 7 y demás concordantes).

Ahora, con base en los hechos acaecidos la comunidad solicita Que cese de manera inmediata la vulneración de los derechos fundamentales al igual que el derecho de los miembros de la comunidad de Irrachon, teniendo en cuenta que muy a pesar de no haberse tramitado la inscripción ante la oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, la Sentencia de fecha 6 de septiembre de 2.010, al estar debidamente ejecutoriada, tiene fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento especialmente para las entidades administrativas.

Que una vez se constate el hecho de que no somos invasores, se ordene al Municipio de Riohacha a través de la Secretaría del Gobierno Municipal, la revocatoria de todo lo actuado, dentro del proceso de lanzamiento instaurado por la señora Lida Henríquez Iguarán.

Que se ordene a la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Riohacha, proceder a la inscripción de la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2.010, la cual adjudica por prescripción, las tierras que hoy ocupamos y que se denomina Irrachon.

Ahora bien revisado los hechos que dieron vida al presente conflicto de tutela se procede a presentar el análisis normativo pertinente; es así como desde el punto de vista de la posesión material, se ha demostrado que las tierras objeto de controversia, lejos de haber sido poseídas por sus propietarios formalmente registrados, han sido materialmente poseídas y habitadas por una comunidad indígena Wayúu. En efecto, la señora Ana María Pushaina inició su posesión, según lo comprobaron sendos testigos, desde hace más de treinta años, posesión en ejercicio de la cual estableció su familia y se constituyó como comunidad indígena con una autoridad tradicional, estableció un cementerio donde dio sepultura a sus familiares, y ha desarrollado en forma permanente actividades de agricultura y pastoreo de conformidad con las pautas propias de su cultura ancestral. La señora Ana María Pushaina promovió demanda ordinaria buscando que se declarara judicialmente la prescripción adquisitiva de dominio sobre las 66 hectáreas ocupadas por su ranchería, y así lo obtuvo, mediante fallo proferido en septiembre de 2010.

Cuando la señora Pushaina buscó que se registrara el fallo judicial de septiembre de 2010, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha se negó a hacerlo, alegando que ya existía registro de otra sentencia que declaró la prescripción adquisitiva sobre las mismas tierras – a saber, la sentencia de diciembre de 2003 que declaró que había operado la usucapión de 1/3 parte de la propiedad del lote a favor de la señora Iris Isabel Iguarán. Se intentó registrar la sentencia en tres oportunidades, y en las tres oportunidades la Oficina de Registro se negó a hacerlo.

Posteriormente, la señora Lida Henríquez, quien compró formalmente el predio en mayo de 2012, promovió una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en contra de la comunidad indígena asentada en las tierras objeto de controversia. Si bien la diligencia de lanzamiento fue suspendida, por considerarse que se había acreditado la existencia de un conflicto jurídico sobre la propiedad de las tierras, posteriormente el superior jerárquico del funcionario que llevó a cabo la diligencia procedió a revocar su decisión y ordenar que se llevara a cabo, decisión adoptada en diciembre de 2012. Frente a estas decisiones de lanzamiento y de negativa a registrar el fallo que amparó la propiedad de la comunidad indígena es que se interpone la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala.

Por ello estos delicados problemas jurídicos no pueden ser resueltos, a la luz de la Constitución Política, por el juez de tutela. El juez de tutela únicamente tiene jurisdicción en este caso para pronunciarse sobre la diligencia de desalojo policivo que se adelantó sin que se hubiese obtenido una solución judicial de fondo al conflicto jurídico-territorial sustantivo que enfrenta a las partes, puesto que esta actuación prematura y abusiva de la autoridad sí constituyó una afrenta a los derechos fundamentales de la comunidad indígena. Aparte del tema específico del desalojo, la controversia jurídica entre las partes plantea problemas jurídicos que, si bien tienen claras repercusiones constitucionales, son del resorte de la jurisdicción ordinaria.

Corresponde a la señora Lida Henríquez, o a la comunidad indígena de Irrachon si así lo tiene a bien, iniciar el proceso judicial ordinario al que haya lugar para dar una respuesta a estos problemas jurídicos. No es el Consejo de Estado en sede de tutela la autoridad competente para indicar cuál proceso judicial ha de ser iniciado por las partes, que están en libertad de ponderar las distintas alternativas que les provee el ordenamiento jurídico colombiano para lograr este cometido.

Para lo que sí tiene el juez de tutela competencia en este caso, y de hecho un deber constitucional de acción, es para detener la diligencia policiva de desalojo de la comunidad indígena de estas tierras, por cuanto su desarrollo y ejecución presuponen una resolución del complejo conflicto jurídico subyacente, resolución que obligatoriamente tiene que ser otorgada por la jurisdicción ordinaria, y que a la fecha no se ha dado. Por ello, haber iniciado y desarrollado esta actuación policiva constituyó una vía de hecho por parte de la autoridad de policía, que actuó sin contar con los fundamentos jurídicos necesarios para ello puesto que intentó hacer valer un título jurídico de propiedad claramente precario y materialmente sujeto a ulterior resolución judicial. Nota la Sala que la diligencia de desalojo que se intentó hacer fue efectivamente suspendida por existir un conflicto jurídico de fondo que debía ser resuelto por las autoridades judiciales; no obstante, esta decisión –ajustada a derecho- fue revocada al resolver el recurso gubernativo interpuesto por la parte querellante, y en consecuencia actualmente, en ausencia de una orden de tutela que le detenga, la autoridad policiva efectivamente llevaría a cabo el desalojo. Esta situación es constitucionalmente inadmisible. Por lo mismo, la Sala ordenará a las autoridades policivas de Riohacha, demandadas, que se abstengan de adelantar cualquier tipo de actuación policiva orientada a desalojar a la comunidad Wayúu de Irrachon de las tierras que actualmente ocupan, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, mediante sentencia definitiva y en firme, sobre los problemas jurídicos que enfrentan a las partes y que la Sala recién identificó, luego del desarrollo y culminación de un proceso ordinario que la señora Lida Henríquez o la comunidad de Irrachon habrán de promover cuando así lo tengan a bien.

Finalmente decide el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-Sección “A”  confirmar la sentencia del 28 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, en el sentido en que DECRETÓ EL AMPARO de los derechos fundamentales al debido proceso, la vivienda digna y el mínimo vital de los miembros de la comunidad indígena Wayúu de Irrachon.

En segundo lugar modifica  la orden de tutela impartida en el numeral primero de la sentencia que se confirma, la cual quedará así:

ORDENAR al Secretario Municipal de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Riohacha que se asegure que las Inspecciones de Policía sujetas a su jurisdicción se ABSTENGAN de adelantar cualquier tipo de actuación policiva orientada a desalojar a la comunidad Wayúu de Irrachon de las tierras que actualmente ocupan, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, mediante sentencia definitiva y en firme, sobre los problemas jurídicos que enfrentan a las partes y que la Sala identificó en la presente sentencia, luego del desarrollo y culminación de un proceso judicial ordinario que la señora Lida Henríquez o la comunidad de Irrachon habrán de promover cuando así lo tengan a bien.

 

 

Martes, 28 Mayo 2013 17:05

Decreto Número 0943 de 2013

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Decreto Número 0943 de 2013

Por el cual se Reglamentan los Artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley 685 de 2001 y 108 de la Ley 1450 de 2011

 

Considera el Decreto bajo análisis, que los artículos 74,75 y 76 del Código de Minas disponen que el concesionario minero debe haber cumplido con todas las obligaciones correspondientes a la etapa que se pretende prorrogar.

Así mismo que el parágrafo del Articulo 108 de la Ley 1450 de 2011, establece respecto a la prórroga de la etapa de exploración que el concesionario debe, sustentar las razones técnicas y económicas respectivas, el cumplimiento de las obligaciones minero ambientales, describir y demostrar los trabajos de exploración ejecutados y los que faltan por realizar especificando su duración, las inversiones a efectuar y demostrar que se encuentran al día en las obligaciones de pago del canon superficiario y que mantiene vigente la póliza minero-ambiental.

Respecto al artículo 77 del Código de Minas indica que antes de vencerse el periodo de explotación el concesionario podrá solicitar una prórroga del contrato hasta por treinta años, el cual se perfeccionara mediante la suscripción de un acta  y se inscribirá en el Registro Minero. Una vez se encuentre vencido este término el concesionario tendrá preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar con las labores, las cuales no se suspenderán en el término en el cual se perfeccione el nuevo contrato.

El artículo 80 de la Ley 685 de 2001, dispone que los estudios, trabajos y obras de exploración, estarán dirigidos a establecer y calcular técnicamente las reservas del mineral o minerales, la ubicación y características de los depósitos o yacimientos, la elaboración detallada del plan minero por ejecutarse, los medios y métodos de explotación, la escala y duración factibles de la producción esperada.

Que el artículo 95 de la Ley 685 de 2001 define los trabajos de explotación. Que el artículo 1 del Código de Minas establece que son objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada, estimular estas actividades cuando satisfagan los requerimientos de la demanda interna - externa y que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y las normas de explotación racional de los recursos.

Ahora bien teniendo en cuenta que la prórroga del contrato minero requiere que la Administración lo consienta, que llene los requisitos indicados en el artículo 1 del Código de Minas y que esto resulte beneficioso para los intereses del estado el Presidente de la Republica decretó, que la prórroga de la etapa de exploración pueda ser evaluada y decidida por parte de la Autoridad Minera o concedente bajo los términos y condiciones señalados en el parágrafo del artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, el concesionario deberá allegar la información previa relacionada con los trabajos ejecutados y proyectados.

Será la Autoridad Minera la llamada a adoptar los términos de referencia necesarios para la presentación de la información relativa a las prorrogas del periodo de exploración.

Para la prórroga del contrato de concesión, el concesionario deberá presentar un nuevo programa de Trabajos y Obras para la vigencia de la prórroga así mismo estar al día con todas las obligaciones derivadas del contrato de concesión y la Ley.

En relación a la evaluación objetiva de la solicitud de prórroga, la Autoridad Minera evaluara los aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, y jurídicos.

Finalmente si la Autoridad Minera encuentra que los aspectos señalados han sido cumplidos por parte del concesionario o si las omisiones pueden ser subsanadas, se podrá consentir en que se modifique el contrato en cuanto al término de su vigencia y se concederá la prorroga respectiva. En caso contrario la Autoridad Minera se abstendrá de conceder y suscribir el acta de prórroga del contrato de concesión, esta decisión será debidamente motivada mediante un Acto Administrativo.

Ver http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/MAYO/14/DECRETO%20943%20DEL%2014%20DE%20MAYO%20DE%202013.pdf

 

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Palabras del Presidente Juan Manuel Santos, en la Inauguración del IX Congreso Internacional de Minería y Petróleo

 

Cartagena, 15 mayo (SIG). “Antes que nada, hoy quiero dejar muy en claro tres cosas:

 

Primero: el sector minero-energético responsable y sostenible es el principal financiador de la transformación que estamos teniendo en Colombia.

Ustedes son un sector crucial para este país. Tan solo el año pasado generaron el equivalente a UN TERCIO del recaudo.

Sin sus aportes, que alcanzaron los 31,7 billones de pesos –entre regalías, impuestos y dividendos–, nos quedaría imposible, imposible construir un país JUSTO, un país MODERNO Y un país SEGURO, que es lo que yo quiero y lo que quieren todos los colombianos.

Segundo: este Gobierno va a seguir trabajando para que el sector crezca; este Gobierno va a seguir respaldando al sector, porque valoramos su aporte, porque necesitamos sus recursos y la energía que producen y que se convierte además, en una de las prioridades para todo el mundo, en más empleo.

Eso sí, esto no lo haremos a cualquier precio. Como siempre he dicho, como ustedes lo entienden perfectamente, apoyamos la inversión minera y en hidrocarburos, siempre y cuando, como es obvio, sea legal y que cumpla con dos responsabilidades fundamentales: la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental.

Es muy sencillo: queremos y respaldamos inversionistas que cumplan con los estándares.

Y aquí viene el tercer punto: NO se puede seguir generalizando por lo bajo –y hasta satanizando– la actividad minera y de hidrocarburos en este país, por cuenta de algunas malas experiencias.

¿Y por qué no? Porque existen tres tipos de minería: la empresarial, la artesanal y la criminal, y no podemos ‘meterlas a todas en la misma bolsa’.

Hemos sido y somos enemigos de las generalizaciones por una simple razón: le hacen daño al sector, le hacen daño al país. Nos impiden organizar la actividad y le hacen la vida más difícil a los que sí quieren trabajar bien.

Las explotaciones bien hechas transparentes y responsables cuentan y contarán con nuestro apoyo, con el apoyo del Gobierno.

En cambio, a las que pretenden saltarse las normas y estándares les aplicamos, como es obvio también, todo el rigor de la ley.

Ahora bien, quisiera profundizar más en estos temas.

Desde el día cero de nuestro gobierno entendimos a este sector como uno de los principales financiadores de nuestro desarrollo, y por eso lo incluimos en la lista de nuestras cinco locomotoras.

Construir una Colombia JUSTA, una Colombia MODERNA, una Colombia SEGURA cuesta, y cuesta mucho. Y necesitamos tener con qué hacer las enormes inversiones y con qué financiar las reformas que esto supone.

Y la industria minero-energética está a la altura de este reto. Ustedes son un socio indispensable para hacer este sueño posible.

No más en regalías, el sector de hidrocarburos nos dejó 8,5 billones de pesos el año pasado, un 55 por ciento más que en el año 2010.

Las regalías del sector minero, por su parte, llegaron a los 2 billones, un 65 por ciento más que en el año 2010.

Y esto es muy importante porque con las regalías construimos todos, y eso es importante que lo entienda el país, una mejor calidad de vida en las regiones del país por la forma como estamos distribuyendo esas regalías.

Así que, todos los que tienden a ver el “vaso medio vacío”, deberían recordar la cifra que mencioné al comienzo, que incluye regalías, impuestos y dividendos. La repito: ¡31,7 billones de pesos!

¿Qué podemos hacer con esos recursos? Muchísimo. Con esos casi 32 billones puede financiarse el 80 por ciento del presupuesto de inversión de este año para educación, transporte y salud, además de los numerosos programas sociales, como Familias en Acción o el programa de la Red Unidos.

Los logros en materia social que hemos obtenido en estos últimos dos años, Logros realmente importantes que han sido señalados como ejemplo para el mundo en la reducción de pobreza, por ejemplo, bajo un indicador redujimos en dos años 4.5 por ciento, bajo otro indicador 6.5 por ciento la pobreza en este país.

Eso se traduce en qué, en un millón 700 mil colombianos menos por debajo del umbral de la pobreza, son 700 mil colombianos menos en la pobreza extrema.

Pero algo más importante, por primera vez desde que se llevan las cifras la tendencia que llevaba la economía era una tendencia positiva, la economía crecía, pero ese crecimiento era un crecimiento desigual, un crecimiento que no era sano porque los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. O sea que no era un crecimiento sostenible.

Nosotros nos propusimos romper esa tendencia y lo logramos, y redujimos la desigualdad del país en una proporción, en términos relativos, nunca antes vista. Somos el país que más ha reducido la pobreza en la región con Perú y el país que más ha reducido, con Ecuador, la desigualdad. Y eso no hubiese sido posible sino tenemos los recursos para los programas sociales.

Otro uso que podríamos hacer con esta plata, podríamos pagar –en sólo un año y medio– la totalidad de los 44 billones de pesos que nos cuesta la Cuarta Generación de Concesiones de Infraestructura, que va a ser la revolución en el país, que ya está en marcha.

Si el sector logró hacer aportes de esa dimensión es porque las cosas se están haciendo bien, del lado de ustedes y pienso que del lado nuestro. Esa es una que ahí está, que es innegable.

Y para probarlo, hagamos un corto inventario de cómo va la industria.

La producción está creciendo: Estamos produciendo 30 por ciento más de crudo y 12 por ciento más de gas, en lo que llevamos de gobierno. Un 20 por ciento más de carbón y un 24 por ciento más de oro, también entre 2010 y 2012.

Esto nos ganó la entrada al club de los 20 países que producen un millón de barriles diarios de petróleo, era una meta que nos habíamos impuesto y la hemos logrado.

La inversión se ha disparado: Estamos recibiendo OCHO VECES MÁS inversión extranjera directa que hace 10 años. El año pasado se invirtieron 8.400 millones de dólares en minería, gas e hidrocarburos.

Esto no sólo son más recursos; esto significa confianza en el país y en el sector.

Y las reservas están aumentando: El año pasado las reservas de petróleo aumentaron un 5,2 por ciento frente a 2011, llegando a casi 2.400 millones de barriles. Por eso hoy contamos con las reservas necesarias para unos 7 años, manteniendo los mismos niveles de producción.

Ahora, si bien este es un panorama muy positivo, aún nos falta y por eso estamos explorando más. Tanto así que el año pasado fue un año récord en la exploración de pozos.

Y para los que tengan dudas: sí hay gas, hay gas, y va a haber aún más gas en Colombia.

En el año 2012, después de dos años sin incrementos, las reservas crecieron 5,7 por ciento. Por eso hoy la relación entre producción y reservas está en 16 años y medio.

Para seguir por esta senda también estamos explorando más, liberamos las exportaciones para hacer el mercado más atractivo y hemos venido modernizando la regulación.

Además, estamos trabajando en el desarrollo del gas metano asociado al carbón.

Al sector le está yendo bien, pero queremos que le vaya aún mejor para concretar más transformaciones en el país.

Para conseguirlo es indispensable que la actividad cumpla con todas las responsabilidades sociales y ambientales, y que, además, los inversionistas encuentren eficiencia, estabilidad y claridad en nuestro país.

Esto solo es posible con instituciones fuertes que puedan intervenir y solucionar los problemas más sensibles del sector, que es precisamente lo que hemos estado tratando de hacer, que a veces no demoramos más de la cuenta es posible, pero ustedes entenderán que las reformas institucionales en un estado no se hacen de la noche a la mañana, pero las estamos haciendo.

La definición del Plan Nacional de Ordenamiento Minero creo que va a ser un avance fundamental, porque facilita que la actividad minera contribuya a maximizar el bienestar de la sociedad, al reglamentar la extracción de los recursos de forma ordenada y de forma sostenible.

El éxito de esto dependerá –como en casi todo– de la coordinación entre las instituciones, las regiones y los departamentos.

Yo le he pedido al Ministro de Minas (Renjifo) que promueva la participación constructiva, proactiva de alcaldes, gobernadores y de todos los demás actores en la realización de este plan.

Todos los planes que son concertados, en la medida de lo posible por supuesto, cuando la gente se siente partícipe en la elaboración de un plan casi que automáticamente se encuentra una buena base de apoyo. Los planes que son hechos a escondidas, a espaldas de la gentes, a espaldas de los interesados, generalmente lo que encuentran es todo lo contrario un rechazo casi que automático.

Adicional a esto, nos estamos enfocando en 5 áreas para que el desempeño de la industria sea más eficiente y más responsable.

En primer lugar, definimos áreas estratégicas para la extracción de once minerales que van a ser asignadas mediante subastas.

Las medianas y grandes empresas van a tener que competir y sólo ganarán las que ofrezcan las mejores condiciones y las que puedan aportar mayor valor al país.

Estas rondas comienzan el año entrante porque queremos una minería racional que cumpla con los más altos estándares internacionales, y sea impulsada con inversiones de enorme calidad.

Así funciona un país moderno.

En segundo lugar, le hemos apostado duro a la formalización de la minería artesanal con dos objetivos: eliminar la ilegalidad y mejorar las condiciones de empleo en el sector.

No puede haber un país justo si no permitimos que los pequeños mineros puedan asociarse para crear empresas con proyección, sostenibilidad a largo plazo, buenas condiciones de seguridad y empleos de calidad.

En esto debemos todos trabajar unidos porque a todos nos interesa este objetivo. . Debe abrirse el espacio para que los pequeños mineros se asocien con empresas serias y comprometidas. Y por eso estamos dialogando con los pequeños mineros, para apoyarlos en esta transformación, en este objetivo, y para apoyarlos de la mejor manera.

La tercera área de trabajo es la regulación. Y acá les doy un parte de tranquilidad. Si bien la reforma al Código Minero perdió vigencia, nos preparamos para evitar que la actividad –y su relación con los recursos naturales– quede desamparada.

La prohibición de no hacer minería en páramos, en humedales Ramsar y en reservas forestales protectoras se mantiene. Así quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente, emitimos varios decretos, hace unos días, con el Ministerio de Minas y Energía y el de Medio Ambiente para ‘blindar’ los otros temas que estaban generaban mucha incertidumbre:

Vamos a asegurar que el minero tradicional esté amparado y pueda formalizarse.

Vamos a garantizar que no se volverá a esa feria de títulos, y no vamos a bajar la guardia con los titulares mineros, en cuanto a las prórrogas de los contratos y los periodos.

Además, blindamos la definición de zonas excluidas a la minería. Las únicas entidades que podrán hacerlo son el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales.

Hay un cuarto tema en el que estamos comprometidos y es la lucha contra la minería criminal.

A esos criminales que están haciendo el peor uso posible de nuestros recursos naturales les tengo un mensaje claro: los estamos combatiendo y los vamos a seguir combatiendo, y lo haremos sin contemplación.

En lo que va del gobierno llevamos más de 300 operaciones en todo el país: pasamos de 3 en 2010 a 148 el año pasado. Esto nos ha permitido intervenir casi 1.300 minas y capturar a más de 4.200 personas, en los últimos dos años.

En cuanto a la destrucción de maquinaria ilegal, hemos destruido 16 piezas de maquinaria –por más de 5 mil millones de pesos–, en 6 municipios de Antioquia, Bolívar, Caldas y Córdoba.

En este gobierno NO TOLERAMOS esta clase de minería que patrocina el crimen, que destruye el medio ambiente y que, además, explota y daña el nombre de nuestros pequeños mineros tradicionales.

Eso sí, que quede muy claro: Vamos tras los criminales, no vamos detrás de los pequeños mineros tradicionales. Son dos objetivos totalmente diferentes.

A esos pequeños mineros lo que buscamos es formalizarlos para que puedan trabajar mejor y no caigan en las garras de organizaciones criminales, mafiosas que los explotan, que los aprovechan, que los ponen muchas veces como amparo para protegerse de las propias autoridades que están interesadas en ir detrás de los criminales.

El quinto gran eje de nuestro impulso que son las licencias ambientales.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– sigue trabajando para que el proceso de licenciamiento ambiental sea cada vez más ágil y cumpla con altos estándares.

La entidad implementó sistemas como la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales –VITAL–, y los sistemas de Radicación Ágil y Rápido –RADAR– y el de Regionalización.

Somos conscientes que ahí ha habido demoras, cuellos de botella. Nuevamente nosotros creamos precisamente el Ministerio del Medio Ambiente para darle importancia al tema y en esa transformación hemos tenido dificultades que se están resolviendo y espero que sean más ágiles los procedimientos.

Por eso en la atención de solicitudes hemos visto progreso. Les doy un ejemplo: el 80 por ciento de los de procesos asumidos por la ANLA en el 2011 estaban fuera de términos. A hoy, el 90 por ciento de esos procesos han sido atendidos.

Además, ha mejorado el balance entre las solicitudes que entran y las que salen.

Aquí es importante reconocer y agradecer el trabajo conjunto y la colaboración que hemos tenido con gremios como la ANDI y la Asociación Colombiana del Petróleo.

Sabemos, sin embargo, que nos falta mucho para alcanzar la completa eficiencia en este tema de las licencias ambientales, y continuaremos realizando un seguimiento serio a este trabajo.

No puedo terminar sin hablar del ‘supuesto’ dilema que existe entre la extracción de recursos minero–energéticos y el medio ambiente.

La discusión acerca del impacto ecológico, por decirlo en términos coloquiales, al rojo vivo, está encendida porque cada vez somos y tenemos que ser más conscientes del efecto que tienen nuestras acciones sobre nuestro planeta, sobre nuestro medio ambiente.

En el caso nuestro, el debate es especialmente importante y así lo tenemos que percibir, así lo percibe le mundo porque somos un país privilegiado.

Por un lado, tenemos el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo entero, tenemos fuentes de agua, como pocos países en el mundo. El agua es uno de esos recursos naturales que todos los analistas, todos los futurólogos están diciendo, es lo que más deben cuidar los países que la tienen porque se va acabar, y si en el futuro va a haber guerras, va a haber guerras alrededor del agua y nosotros somos un país muy privilegiado en materia de agua.

Pero por otro lado, tenemos un potencial minero, un potencial energético enorme. Así lo establecen todos los estudios, todos los que saben de geología, dicen Colombia está en un sitio privilegiado.

Tuve la ocasión de tener en mi oficina hace unos meses un antiguo director de la CIA, John Deutch, que hoy es un eminentísimo profesor de MIT (Massachusetts Institute of Technology) y es el presidente de la comisión que organizó el Presidente (Barack Obama) para el estudio y el análisis del (:..) están cambiando la ecuación energética en el mundo entero.

Él me decía: ustedes, Presidente Santos, no han logrado entender, creo que no han captado, que Colombia es de los países que más potencial del mundo entero tiene en este sentido, este tipo de energía que yo no conocía pero que es muy interesante.

Por eso no es igual hablar de explotación petrolera en Arabia Saudita que en los Llanos Orientales, o de explotación minera en el desierto chileno que en nuestra cordillera.

Tenemos que manejar un equilibrio delicado. Pero no por delicado es imposible de lograr. No por delicado es imposible lograr no por delicado hay que adoptar una posición extrema en un sentido o en el otro.

Sé que es un tema que genera muchas pasiones, un tema que genera muchas reacciones. La mejor aproximación es permitir una evaluación rigurosa del costo y el beneficio para cada circunstancia y proyecto. Hay que comparar los beneficios de corto plazo contra los costos que tendrían que asumir las futuras generaciones.

Hay que mirar los costos de no hacer las inversiones que requiere el país, y evaluar la capacidad de mitigar y compensar los posibles impactos ambientales.

Yo utilizo muchas veces el ejemplo de Jamaica, una isla que su industria de turismo es lo más importante, que ha hecho inmensas exploraciones y explotaciones de minerales y ha logrado, después de terminar estas explotaciones, recuperar totalmente el medio ambiente y mantener esa vigencia como un paraíso turístico.

Debemos tener en cuenta la opinión de las comunidades afectadas y las comunidades beneficiadas. Que han sido más de una vez manipuladas, manipuladas por razones políticas y por razones de otro tipo. La participación amplia de la opinión pública no sólo es bienvenida; es indispensable.

Por lo mismo que les decían sobre los planes que se hacen a escondidas, cuando la gente no les consultan, no les cuentan, la gente reacciona casi que automáticamente en contra. Y viene una compañía a hacer una exploración en alguna región del país y las comunidades se enteran por aquellas personas que están interesadas en detener esa inversión. La primera reacción va a ser en contra y después cambiar de opinión es más difícil.

Por eso esa participación de la opinión pública, esa socialización es fundamental, es más porque cada vez hay más gente interesada en detener cualquier tipo de inversión

Y para lograr el equilibrio delicado necesitamos instituciones sólidas y bien estructuradas.

Como ya dije, hemos trabajado en mejorar las instituciones del sector, las ambientales y las de control.

Les aumentamos los recursos en el presupuesto, capacitamos funcionarios y nos hemos asesorado de las mejores prácticas internacionales.

Hemos sido claros también en que vamos a defender nuestros ecosistemas estratégicos y privilegiados. Y nos ratificamos en que los páramos y los humedales no son compatibles ni con la minería ni con ninguna otra actividad económica.

Ampliamos los parques naturales y vamos a delimitar las zonas estratégicas.

Hemos protegido nuestros mares para que no se contaminen al embarcar carbón o cualquier otro producto. Y hemos sido inflexibles con quienes no cumplen los estándares ambientales.

También seremos implacables con quienes no cumplan las reglas tributarias, de competencia, las laborales o las sanitarias.

Por otro lado, entendemos que la actividad minero-energética es de largo plazo y que requiere grandes inversiones.

Por eso estamos comprometidos –y aquí lo reitero– con mantener unas reglas de juego estables para todos.

Lo que quiero enfatizar hoy es que SÍ ES POSIBLE la sana convivencia entre minería responsable y protección al medio ambiente. Así ocurre en varios países del mundo y así lo estamos demostrando en Colombia.

Sin duda, los retos son muchos. Estamos avanzando un trecho que es difícil, pero tenemos una motivación fuerte: construir un país justo, moderno y seguro.

No tengo duda de que para lograr este objetivo necesitamos un sector minero y de hidrocarburos sostenible y responsable, que produzca recursos, que produzca energía, que optimice su actividad y que respete el medio ambiente.

Y el otro ingrediente que se necesita es un Gobierno comprometido. Ese ya está, y hoy se los reitero.

Unidos vamos a seguir puliendo la actividad para poder sacarle el mayor –y el MEJOR– provecho.

No vamos a “empeñarle el alma al Diablo”, porque la minería y la explotación de hidrocarburos, BIEN HECHAS, traen desarrollo social, bienestar y crecimiento.

No vamos a sacrificar nuestros recursos, porque podemos lograr que esta industria sea cada vez más respetuosa del medio ambiente.

Y no vamos a seguir “condenando a justos por pecadores”, porque a cada quien le estamos dando el trato que se merece:

A los mineros artesanales, apoyo y formalización; a las empresas que operan legalmente como las aquí representadas, condiciones para invertir, y a los criminales mano dura.

Así como respaldamos –con todo– a la minería legal, responsable y sustentable, ¡LA GUERRA ES TAMBIÉN CON TODO CONTRA LA MINERÍA CRIMINAL!

Empecé dándoles tres mensajes que reafirmo para concluir:

Primero: pueden estar tranquilos porque tenemos MUY clara la importancia de este sector para el desarrollo del país.

Segundo: queremos que el sector crezca y –para lograrlo–, vamos a trabajar con inversionistas y empresas que cumplan los estándares.

Tercero: somos enemigos de las generalizaciones y de las “satanizaciones” frente a un sector que aporta tanto al país.

En Colombia, en lo que se refiere al sector minero-energético, hemos venido consolidando una división del trabajo muy positiva que no vamos a cambiar: el Gobierno pone las reglas y ustedes, como empresas, trabajan con responsabilidad.

NO ESPEREN SORPRESAS, sino todo lo contrario: estabilidad en las reglas del juego y ambiente propicio para la inversión.

Unidos –cada cual haciendo su trabajo de la mejor manera– vamos a seguir transformando los recursos y la energía en lo que realmente queremos: más empleo y más bienestar para los colombianos.

Muchas gracias".

 

Lunes, 20 Mayo 2013 16:49

Resolución Número 2105 de 2012

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Resolución Número 2105 de 2012

Por la cual se resuelve la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la Resolución número 2079 del 27 de octubre de 2009, con la cual se declara, reserva delimita y alindera el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis.

 

Mediante la Resolución 2079 del 27 de octubre de 2009, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró, reservó, delimitó y alindero un área de un millón cincuenta y seis mil veintitrés hectáreas, como Parque Nacional. Natural “Yaigojé Apaporis”. Dicha Resolución fue publicada en el Diario Oficial número 45517 del 29 de octubre de 2009.

El diecinueve (19) de septiembre de 2012, los capitanes y personas de las comunidades que manifiestan conforman la Asociación de Comunidades Indígenas Taraira – Vaupes – Acitava, presentaron ante el Ministerio solicitud de revocatoria directa contra la Resolución número 2079 de 2009, indicando que el día diez (10) de septiembre del año 2012, en el Municipio de Taraira se llevo a cabo un cabildo abierto, organizado por el Honorable Concejo Municipal, en el cual la comunidad en general y específicamente las comunidades indígenas y colonos de la región se pronunciaron de manera espontanea y franca a través de ese mecanismo de participación ciudadana, en la cual la sociedad civil y sus dirigentes, con una contundente mayoría, rechazaron de forma puntual la creación de un Parque Nacional Natural en sus territorios sin un proceso de consulta previa adecuada y violando la naturaleza jurídica del Resguardo.

Dicho documento se allego sin desarrollar los motivos de hecho o derecho a través de los cuales se sustentara su solicitud.

En impulso de la solicitud elevada por Asociación de Comunidades Indígenas Taraira – Vaupes – Acitava, el Ministerio adelantó la revisión del expediente del trámite para la expedición de la Resolución  2079 que reposa en Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el cual se encontró que entre los días 4 al 20 de julio de 2009, se realizo recorrido de socialización de la declaratoria de la nueva área del Sistema de Parques Nacionales, en las comunidades que conforman el resguardo Yaigoje-Apaporis.

Así mismo se visualizo que la consulta previa finalizó entre los días 24 y 25 de julio de 2009, con la participación de las comunidades de la Asociación de Capitanes Indigenas Yaigojè – Apaporis – Aciya.

Teniendo en cuenta estos señalamientos el Ministerio considero que no fueron probadas por los solicitantes las circunstancias aludidas para invocar la revocatoria directa de la Resolución 2079 del 2009; así mismo indico el Ministerio que bajo las razones esgrimidas en las Sentencias C-649/97 y C-598/10, ambas de la Corte Constitucional, los parques nacionales naturales no pueden desafectarse de su calidad o régimen para otra finalidad o por autoridad alguna en el territorio nacional y es por ello que la solicitud de revocatoria directa de la Resolución número 2079 de 2009, no está llamada a prosperar.

 

Lunes, 20 Mayo 2013 14:29

Resolución Número 0387 de 2013

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Resolución Número 0387 de 2013

Por la cual se sustrae definitivamente un área de la  Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, establecida en la Ley 2 de 1959 y se toman otras determinaciones.

 

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos en ejercicio de la función establecida en el numeral 3 del Artículo 16 del Decreto – Ley 3570 de 2011, emitió concepto técnico de viabilidad, con relación a la solicitud de sustracción temporal de un área de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, establecida mediante Ley 2 de 1959 para el proyecto de explotación minera para el contrato de concesión número 4448-A celebrado entra la asociación de mineros del Vaupés (Asomiva) e Ingeominas, el cual se ubica en jurisdicción del municipio de Taraira, en el departamento del Vaupés, sobre un área de 361,766 ha, que corresponden al Cerro Garimpo, localizado en cercanía de la pista de aterrizaje del municipio de Taraira.

Por ello se efectuó la sustracción parcial y definitiva de una superficie de 9,165 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonia, para adelantar las actividades de explotación minera requerida por la Asociación de Mineros del Vaupés (Asomiva) en el marco del contrato de concesión identificado con el número 4448-A.