Colegio de Abogados

Colegio de Abogados

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Expropiación e Instrumentos de Defensa Legal

 

Por Carlos Mantilla McCormick

 

ANTECEDENTES:

Hace dos semanas fue ocupada la empresa YPF de propiedad de la española Repsol en Argentina. Previamente se había presentado al parlamento, el proyecto de ley para que se decretara la expropiación. La crisis enfrenta a dos países, a sus intereses nacionales, y cuestiona la forma como confiaban desarrollar sus negocios y resolver sus conflictos.

La ocupación de YPF y la expropiaciónde Repsol son hechos de mucha importancia por los impactos que generan. Entre las razones y antecedentes figuran situaciones de origen político interno, de economía estatal, de conveniencias comerciales y hasta de posibles actos de corrupción.  Los argentinos que apoyan la medida (cerca del 60%) resaltan el desabastecimiento de hidrocarburos para las necesidades internas por causa de la disminución de las inversiones de YPF. De otro lado, gobiernos, inversionistas y organismos internacionales condenan la forma como se produjo el despojo, resaltando que tiene más carácter de confiscación que de expropiación.

Las repercusiones de lo sucedido son contundentes: bajas en las cotizaciones de las acciones de Repsol (cerca del 30%), baja de la calificación de la deuda Argentina, suspensión de la compra de biodiesel argentino,bloqueos a las solicitudes de crédito en organismos financieros internacionales, amenazas de expulsión de Argentina de grupos económicos y mecanismos multilaterales, todo para lograr un aislamiento que presione al gobierno argentino a dar marcha atrás. 

Luego de las reacciones en caliente, el gobierno español pareciera estar entrando en un análisis con cabeza fría para darle importancia al hecho de que existen otros intereses en el país austral que pudieran verse perjudicados y enfilar su reclamación a que haya una indemnización justa.

Los argumentos de quienes representan a las dos partes en conflicto no pueden ser más opuestos.  Los argentinos reclaman la vigencia del estado de derecho y el ejercicio de su soberanía en un tema de interés general. Por su parte, los españoles se refieren al hecho como una confiscación, precisamente prohibida en la Constitución Argentina, populismo, la violación de un tratado bilateral de protección a la inversión y la eventual iniciación de un proceso ante el CIADI.

Lo que sin duda se demuestra con lo ocurrido, es que no funcionaron los instrumentos jurídicos comúnmente utilizados para evitar que los inversionistas se vean afectados por la pérdida o disminución de su inversión están los contratos con sus cláusulas de estabilidad y de adaptación o ajuste para cuando sucedan situaciones imprevistas que afecten especialmente a una de las partes y los tratados internacionales. Estos instrumentos deberían funcionar para evitar imposiciones de los estados receptores de la inversión que pretendan la renegociación de derechos contractuales o expidan leyes irracionales que los violen. El otro instrumento jurídico que se suele utilizar para proteger las inversiones extranjeras es el arbitramento internacional.  El futuro dirá si este sí opera en este conflicto.

En el presente caso se confirma la tesis según la cual a mayor riesgo político, mayor la necesidad de usar instrumentos jurídicos para la protección de la inversión. Pero también se ratifica la creencia de que frente a las intenciones de los gobiernos que afrontan ciclos políticos internos, no hay instrumento jurídico que proteja eficazmente al inversionista. 

 

 

Martes, 07 Mayo 2013 21:17

Prohibición de Minería en Bogotá

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Prohibición de Minería en Bogotá

 

Por Adriana Martínez Villegas

 

En días pasados el señor Alcalde Mayor de Bogotá manifestó su intención de prohibir la minería en la ciudad, haciendo una modificación al Plan de Ordenamiento de Bogotá. Sus argumentos principales son los impactos ambientales de la minería, que según la Administración Distrital no son compensados por los recursos que por regalías de la minería legal, recibe la ciudad capital.  Llama la atención que una decisión como ésta, y la evaluación de la contribución de la minería al desarrollo de la ciudad, se mida exclusivamente por  el monto de regalías pagadas.

En los últimos tiempos son reiterados los argumentos de los enemigos de la actividad minera relacionados con supuestos daños ambientales irreversibles,  la poca generación de empleo y la baja tributación, todos presentados con vehemencia y parcialidad. Hoy en día y en todos los escenarios, la gente se siente autorizada para opinar sobre la conveniencia o no, de adelantar proyectos mineros y petroleros en Colombia,  con muy poca o ninguna información que apoye su juicio.

Lo primero para decir es que Bogotá fue construida y ha venido creciendo a partir de las minas que hoy se pretenden cerrar. Los materiales de construcción y las arcillas, que han impreso a Bogotá su carácter, y que a juicio de propios y extranjeros la hacen una ciudad bonita y arquitectónicamente valiosa, están hoy amenazados.

De otra parte,  no se está considerando que el costo de la vivienda y de las obras públicas en la ciudad capital se podrían incrementar exponencialmente, yque por ello estos proyectos pueden verse amenazados en su viabilidad. Si hoy un apartamento en Bogotá vale más que en el barrio Manhattan de la ciudad de Nueva York, de cumplirse los anuncios del Distrito no habrá quien pueda pagarla. Adicionalmente, podemos despedirnos del proyecto de metro, de las ampliaciones del Transmilenio, del plan de vivienda gratis y acostumbrarnos a  no tener vías y padecer los huecos y trochas de Bogotá, porque traer los materiales de otras zonas del país va a costar demasiado.

Hoy en día, por cuenta de los problemas coyunturales de las minas de agregados del sector de Tunjuelito y Chocontá,, y a manera de premonición,un metro cúbico de materiales de construcción, de conseguirse en Bogotá,según dicen los consumidoressuperan los noventa mil pesos. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro?. Lo mismo podemos decir de la industria del ladrillo, que al quedarse sin sus minas, tendrá que dejar de producir, o  verse abocada a incrementar los precios del ladrillo como si fueranlingotes de oro.  Como lo señala Camacol, hoy “los componentes que tienen mayor importancia en la edificación son además los que están presentando el mayor aumento de precios” y para Bogotá la situación será aún más dramática.

Pero lo cierto es que el común de las personas no sabe o no entiende que “La actividad minera es una realidad y no una opción” como bien lo dice la Dra. Claudia Jiménez, directora gremial del Sector de la Minería a Gran Escala. En efecto, no es sino fijarse un tanto en todo lo que nos rodea para darse cuenta que la mayoría de cosas que se consideran primordiales,provienen de materias primas mineras.  Desde las calzas que nos ponen en la boca, la sal con que consumimos los alimentos, hasta los computadores y los teléfonos celulares que a diario utilizamos.

Es lamentable que el debate que se viene dando en el país en relación con la minería, sea carente de ideas y razones válidas, que en nada ayuda al país.  Quienes estamos vinculados a este sector de tiempo atrás, reclamamos seriedad en los análisis y evaluaciones que se hacen.  Es claro que existen situaciones susceptibles de mejorar y debemos trabajar unidos para que ello ocurra, pero las posiciones extremas hacen difícil lograr esos cambios, que todos anhelamos hacia una minería responsable.

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México Mira el Modelo Petrolero Colombiano

 

Por Carlos Mantilla McCormick

 

ANTECEDENTES

La actual situación de PEMEX está obligando a buscar la forma de hacer ajustes en las formas de participación de la inversión extranjera en México, en las formas contractuales y en los derechos que los particulares podrían llegar a tener en el recurso natural de un país que fue pionero de las nacionalizaciones y sobre el símbolo de la identidad de la revolución mexicana.  El caso colombiano es revisado con interés.

La semana pasada, en la Universidad Externado de Colombia se llevó a cabo el VII Congreso de Iberoamericano de regulación.  Una de las experiencias presentadas fue “Tendencias e indicadores del sector de exploración y explotación de hidrocarburos en México. Apuntes desde el contexto latinoamericano.” Presentado por la profesora Josefina Cortés Campos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que aquí comentamos.

El decaimiento constante de las reservas y producción petroleras de México, el aumento en los costos de descubrimiento y desarrollo de PEMEX, superiores a los de otras empresas similares, los rezagos en construcción de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución;la necesidad de contar con recursos propios; el alto pasivo pensional, entre otros,llevaron a que el nuevo gobierno anunciara una reforma del sector de los hidrocarburos, tomando como referencias las experiencias de Brasil y Colombia.

El mandato nacionalista de la Constitución de 1917 permitió que la coyuntura revolucionaria de 1938 estableciera la expropiación y nacionalización de la industria petrolera tomándola de manos extranjeras. Se consolidó el modelo nacionalista con la terminación de los contratos de riesgo en exploración y producción en 1970, perfeccionando así el monopolio estatal.  La constitución Mexicana tiene como área estratégica el sector de los hidrocarburos con lo cual el Estado se reserva la propiedad del recurso y el desarrollo de las actividades industriales. PEMEX puede celebrar contratos de obra o de servicios con particulares, siempre que no impliquen otorgar propiedad sobre el recurso, ypuede remunerar en dinero, sin comprometer porcentajes sobre la producción ni el valor de las ventas de hidrocarburos ni sus derivados.

La reforma del sector que pretenda la participación del capital privado tendría que modificar la Constitución y, por ello, está tiene grandes costos y dificultadespolíticas por su paso por el Congreso, dado el acentuado popularmente derecho exclusivo sobre los hidrocarburos.

Por otra parte, las decisiones de los jueces han tratado de interpretar en qué casos se permite cierto tipo de actos y contratos que permitan el mejor aprovechamiento del recurso para el pueblo mexicano, siempre que no se enajene el dominio ni se pierda el control sobre la explotación del recurso.  Las interpretaciones hacen giros para permitir incentivos o premios atados a la recuperación de reservas de hidrocarburos, sin dar propiedad sobre el producto, remunerando en dinero en montos sin relación con el precio de venta, ni permitir modalidad alguna de contrato de riesgo o asociación que otorgue derecho sobre la renta petrolera.

El caso colombiano resulta referente porque mezcla la titularidad estatal del recurso no renovable con la posibilidad de que los particulares participen de la renta mediante un contrato de concesión, que deja el riesgo al inversionista y le retribuye en especie con un porcentaje de lo que produzca.  Más liberal que el modelo brasileño, en donde se exige la participación de la empresa estatal como líder con participación mínima del 30% y se está reduciendo la participación privada en el capital de la empresa, Colombia desligó el monopolio que por 30 años mantuvo Ecopetrol con sus contratos de asociación que obligaban a la forzada participación de dicha empresa.

La comparación es útil para los mexicanos, adóptese o no nuestro modelo, pero también lo es para los colombianos, pues lleva a la reflexión sobre nuestras condiciones particulares que exigen una mirada desde nuestra tradición, necesidades y posibilidades.  La adopción del esquema de la propiedad estatal del recurso, respetando derechos adquiridos,la participación de la empresa estatal y del capital privado en el desarrollo de las actividades industriales, la estabilidad en las reglas,los sistemas de contratación que dejan el riesgo y el esfuerzo a los inversionistas a cambio de la propiedad del producto, la empresa estatal con participación de capital privado minoritario, exigida por la competencia, entre otros, son aspectos que identifican nuestras instituciones petroleras.

 

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El Sector Minero Energético y los Diálogos de Paz

 

Por Carlos Mantilla McCormick

 

Antecedentes

Los primeros acuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC no fueron realmente en la última semana sino hace un año, cuando se sentaron a analizar la posibilidad de iniciar unos diálogos de paz.  En esa ocasión, con mucho sigilo, se acordaron los temas que serían objeto de las conversaciones, se convino un procedimiento y se echó a andar el proceso. ¿Qué tanto tocará el sector minero energético? ¿Hay algo por hacer?

El pasado 19 de octubre, en Oslo, cuando se instaló la mesa de diálogos en búsqueda de la paz en Colombia, se anunciaron los temas acordados previamente entre las partes para las negociaciones que hoy tienen lugar en La Habana: el desarrollo rural, las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana, el fin del conflicto armado, el narcotráfico y los derechos de las víctimas.

A la fecha se anuncian acuerdos o la posibilidad de llegar a ellos y, de forma paralela, suceden hechos de guerra ycríticas que semanalmente ponen en riesgo  la continuación del proceso, cuando aún solo se está tratando el primer tema de la agenda.

A primera vista, el tema minero energético no se ve entre los que serán objeto de diálogo, pero es necesario hacer la reflexión sobre si es realista pensar que de una u otra forma este sector industrial entrará en las discusiones.  En la mesa, frente a los delegados del Gobierno, los intentos por incluir asuntos que obliguen a replantear el modeloeconómico de manera general o de manera particular, serán rechazados si se avocan de esa manera.  Muy posiblemente, el Gobierno anunciará que tal pretensión rompe con los acuerdos sobre la agenda y planteará con firmeza su negativa, la que será secundada por los industriales. 

Sin embargo, una de las principales banderas de ese grupo subversivo ha sido la nacionalización de los recursos naturales.  Adicionalmente, en el discurso de Oslo,  hubo una andanada contra el sector minero energético al estilo guerrillero, culpándolo de muchos males de la actualidad nacional. En él se oyeron expresiones que reclaman la necesidad de abordar los problemas económicos, por ser generadores del conflicto; se anunciaronpropuestas que impliquen reformas socioeconómicas radicales; se hicieron afirmaciones sobre las millones de hectáreas asignadas a la industria petrolera y minera; se afirmó que hablar sobre tierras significa hablar del subsuelo y el sobresuelo y que la titulación de tierras es para que las multinacionales despojen legalmente; se asociaron los poseedores de títulos mineros con la ayuda  paramilitar y la generación de destierros; se acusó a la ley general agraria y forestal como instrumentos para facilitar el mapa minero energético sobre el proyecto agrícola; se mencionaron apellidoscomo filibusteros sobre los recursos naturales; se exaltaron a los trabajadores petroleros de una empresa que produce grandes cantidades y les “succiona la sangre” por estar “tercerizados” en largas jornadas de trabajo; y se manifestó la oposición a un proyecto de generación de energía para exportación, así como a proyectos auríferos, de carbón y ferroníquel por sobreproducción, por atentar contra del ambiente, el tejido social y los productores artesanales.

Al tiempo de los diálogos, el grado de conflictividad alrededor de la industria se acrecienta por medio de los atentados terroristas contra la infraestructura, de los paros de trabajadores y comunidades que bloquean las operaciones industriales, de los secuestros a los trabajadores y las extorsiones contra las empresas contratistas. Elmecanismo de presión al Gobierno es evidente.

Frente a tal situación, lo más sensato es pensar que tarde o temprano, en alguno de los puntos de la agenda, aparezca como pretensión revisar las reglas y los principios fundamentales que rigen el sector, su modelo económico y la actual política minero energética.La reflexión que el Gobierno y los industriales se deben estar haciendo es si confían en mantener su posición en cuanto a los acuerdos iniciales o si se aprestan a tener que tocar los temas propios del sector, con la incertidumbre sobre el resultado.

Lo ideal es que los problemas del sector, que indudablemente existen, sean tratados por sus actores legítimos, en los escenarios institucionales, antes de que se vean obligados a ser tratados en el escenario equivocado y con interlocutores inadecuados. Adicionalmente, Gobierno e industriales deben estar preparados para tratar los temas en todas partes.

 

 

 

Martes, 07 Mayo 2013 16:04

Compensaciones Ambientales

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COMPENSACIONES AMBIENTALES

 

Por Adriana Martínez Villegas.

 

Difícil ha sido la comprensión conceptual de las llamadas compensaciones ambientales y, como resultado de ello,  surge la diversidad de criterios sobre la manera de hacer la estimación y aplicación de las mismas, por parte de las autoridades en las licencias ambientales y de los ciudadanos y empresas, en sus estudios ambientales.

Aún cuando el derecho ambiental colombiano tiende a ser preventivo a fin de evitar la degradación ambiental,  hay ocasiones en las cuales las actividades causan efectos negativos al medio ambiente, a pesar de los esfuerzos para que sean controlados, mitigados o sustituidosy, por ello,deben ser compensados. Todo lo anterior, para mantener el modelo de desarrollo que, de acuerdo con la constitución y las leyes, debe ser sostenible.

La teoría enseña que las compensaciones se deben orientar a dos tipos de acciones: la preservación y la restauración. Se ha considerado que las compensaciones son el conjunto de acciones que buscan mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad,conforme a su dinámica natural, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.

Por supuesto la orientación desde la cabeza del SINA ha sido privilegiar la preservación, como actividad de compensación por pérdida de biodiversidad. Por ello, vemos que se han incrementado las acciones tendientes a la creación y ampliación de áreas protegidas públicas, bajo las categorías que conforman el SINAP.

Para quienes están vinculados a las actividades extractivas del subsuelo, en materia de compensaciones ambientales, lo corriente es que estén enfocadas hacia la restauración, porque las actividades causan impactos que así lo demandan. Dicha restauración es entendida como la acción de restablecer total o parcialmente la composición, estructura y función de la biodiversidad,  cuando haya sido alterada o degradada. Por ello es frecuente el trabajo en procesos de restauración ecológica, rehabilitación o recuperación, previamente contemplados en los Estudios de Impacto Ambiental.

La resolución 1503 de 2010 emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que adoptó la metodología general para la presentación de estudios ambientales, instruye sobre la manera como deben diseñarse y calcularse, desde el punto de vista  técnico y económico dichas compensaciones, como ejercicio previo a la obtención de las respectivas licencias ambientales. Sin embargo, el marco conceptual no es suficientemente claro, para distinguirlas de otro tipo de obligaciones ambientales.

En cualquier caso, y ante la disparidad de opiniones de las distintas autoridades ambientales regionales, sobre la procedencia, el contenido y el alcance de dichas compensaciones, urge que el Ministerio del ramo dicte el reglamento respectivo, sobre el cual se dice que viene trabajando de tiempo atrás.No ha sido posible conciliar yunificar a nivel nacional el tratamiento que debe darse a las compensaciones, y así lograr ser equitativos en la aplicación de las mismas.

Lo anterior, sin tener en cuenta que existen además las compensaciones sociales  que exigen tanto las autoridades ambientales como las que administran el subsuelo,  y que se asocian aactividades dirigidas a retribuir a las comunidades y regiones, por los impactos o efectos negativos causados y que también pesan sobre los proyectos. Ojalá podamos tener prontamente un norte claro, sobre la manera como deben manejarse las compensaciones en el país, para beneficio de todas las actividades productivas, del medio ambiente y de las comunidades.

 

 

 

Martes, 07 Mayo 2013 15:58

A un Siglo de Legislación Petrolera

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UN SIGLO DE LEGISLACIÓN PETROLERA EN COLOMBIA

 

Por Carlos Mantilla Mc Cormick

 

Antecedentes

Desde la aparición de las primeras normas sobre petróleo en Colombia, hasta los afanes regulatorios de hoy en día sobre los yacimientos no convencionales, ha  transcurrido un siglo de normas, contratos, gobiernos y empresarios que explican lo que es hoy la industria petrolera.

El millón de barriles diarios que hoy producen en Colombia Ecopetrol y los inversionistas privados son producto de muchas políticas vertidas en normas para que el país pudiera desarrollar el recurso natural en forma adecuada, técnica y económicamente. 

Hoy son “historia patria” las primeras concesiones que debieron ser aprobadas por el Congreso, la primera calificación de utilidad pública a la explotación del recurso natural y a la construcción de oleoductos y las regalías establecidas con tarifas diferenciales dependiendo de las zonas. También,  la primera ley del petróleo y los capítulos especiales para la explotación del petróleo de propiedad particular de los años 30.  Y la expedición del Código de Petróleos en los 50, hoy caduco y de aplicación parcial a las operaciones industriales del país, junto con la aparición de Ecopetrol para administrar el área revertida por la Concesión de Mares que aún hoy se encuentra en explotación.

De mucha importancia que en 1969, con la Ley 20, se marcó el comienzo de la extinción de derechos de propiedad privada del recurso, al declararse la propiedad pública como regla general, salvo ciertos derechos adquiridos, excepción que aún hoy permite un sistema mixto de propiedad y que sigue generando controversias por quienes pretenden algún derecho de propiedad particular.

En relación con la administración estatal del recurso, los grandes cambios se dieron en la entidad encargada de la administración del recurso y la celebración de contratos de exploración y producción de hidrocarburos,  en 1974, cuando se cambió del Ministerio de Minas y Energía por Ecopetrol, y en 2003, cuando se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos en sustitución de Ecopetrol.Estos cambios originaron los tres sistemas de contratación que aún permanecen vigentes en el país: la concesión, la asociación y la llamada concesión moderna.  Todas ellas que han permitido una amplia participación del capital privado que satisfaga la necesidad de desarrollar el recurso con el alto capital, el gran riesgo y la demanda tecnológica que hace imposible al Estado asumir de manera exclusiva su aprovechamiento.

Hoy, las normas que regulan la industria petrolera en Colombia describen la concepción del Estado de manera que la protección a este sector industrial está dado desde la Constitución Política de 1991 con una diversidad de normas que establecen, desde la propiedad  del Estado hasta el derechos de los particulares a participar en su desarrollo con los condicionantes tales como el pago de regalías, las limitaciones propias de la primacía del interés general sobre el particular, el principio del desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, la consideración a las comunidades étnicas y sus derechos en el aprovechamiento del recurso, así como al deber de consulta previa en las decisiones administrativas que les pudieran afectar.

El Estado se ha organizado de acuerdo a las necesidades de la época y continúa ajustándose con las exigencias propias del desarrollo técnico.  Muestra de ello es la normatividad y fórmulas contractuales para los yacimientos no convencionales que las entidades están diseñando para que esta nueva actividad en el país se pueda desarrollar. Y como toda novedad, no deja de causar controversia sobre las conveniencias e inconveniencias de su ejercicio, dependiendo de la visión, posición ideológica y política de quien la mire.  Lo cierto es que esta técnica está impactando mundialmente la relación entre productores y consumidores, los precios, las fuentes y los usos del gas como fuente de energía, con impredecibles resultados para las economías que dependen en gran medida de este recurso. Entre nosotros, la prioridad es la posibilidad de hallar  las reservas adicionales que satisfagan las necesidades de abastecimiento interno, la obtención de ingresos fiscales y el manejo adecuado de los impactos sociales y ambientales.

UN SIGLO DE LEGISLACIÓN PETROLERA EN COLOMBIA

Antecedentes

Desde la aparición de las primeras normas sobre petróleo en Colombia, hasta los afanes regulatorios de hoy en día sobre los yacimientos no convencionales, ha  transcurrido un siglo de normas, contratos, gobiernos y empresarios que explican lo que es hoy la industria petrolera.

El millón de barriles diarios que hoy producen en Colombia Ecopetrol y los inversionistas privados son producto de muchas políticas vertidas en normas para que el país pudiera desarrollar el recurso natural en forma adecuada, técnica y económicamente. 

Hoy son “historia patria” las primeras concesiones que debieron ser aprobadas por el Congreso, la primera calificación de utilidad pública a la explotación del recurso natural y a la construcción de oleoductos y las regalías establecidas con tarifas diferenciales dependiendo de las zonas. También,  la primera ley del petróleo y los capítulos especiales para la explotación del petróleo de propiedad particular de los años 30.  Y la expedición del Código de Petróleos en los 50, hoy caduco y de aplicación parcial a las operaciones industriales del país, junto con la aparición de Ecopetrol para administrar el área revertida por la Concesión de Mares que aún hoy se encuentra en explotación.

De mucha importancia que en 1969, con la Ley 20, se marcó el comienzo de la extinción de derechos de propiedad privada del recurso, al declararse la propiedad pública como regla general, salvo ciertos derechos adquiridos, excepción que aún hoy permite un sistema mixto de propiedad y que sigue generando controversias por quienes pretenden algún derecho de propiedad particular.

En relación con la administración estatal del recurso, los grandes cambios se dieron en la entidad encargada de la administración del recurso y la celebración de contratos de exploración y producción de hidrocarburos,  en 1974, cuando se cambió del Ministerio de Minas y Energía por Ecopetrol, y en 2003, cuando se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos en sustitución de Ecopetrol.Estos cambios originaron los tres sistemas de contratación que aún permanecen vigentes en el país: la concesión, la asociación y la llamada concesión moderna.  Todas ellas que han permitido una amplia participación del capital privado que satisfaga la necesidad de desarrollar el recurso con el alto capital, el gran riesgo y la demanda tecnológica que hace imposible al Estado asumir de manera exclusiva su aprovechamiento.

Hoy, las normas que regulan la industria petrolera en Colombia describen la concepción del Estado de manera que la protección a este sector industrial está dado desde la Constitución Política de 1991 con una diversidad de normas que establecen, desde la propiedad  del Estado hasta el derechos de los particulares a participar en su desarrollo con los condicionantes tales como el pago de regalías, las limitaciones propias de la primacía del interés general sobre el particular, el principio del desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, la consideración a las comunidades étnicas y sus derechos en el aprovechamiento del recurso, así como al deber de consulta previa en las decisiones administrativas que les pudieran afectar.

El Estado se ha organizado de acuerdo a las necesidades de la época y continúa ajustándose con las exigencias propias del desarrollo técnico.  Muestra de ello es la normatividad y fórmulas contractuales para los yacimientos no convencionales que las entidades están diseñando para que esta nueva actividad en el país se pueda desarrollar. Y como toda novedad, no deja de causar controversia sobre las conveniencias e inconveniencias de su ejercicio, dependiendo de la visión, posición ideológica y política de quien la mire.  Lo cierto es que esta técnica está impactando mundialmente la relación entre productores y consumidores, los precios, las fuentes y los usos del gas como fuente de energía, con impredecibles resultados para las economías que dependen en gran medida de este recurso. Entre nosotros, la prioridad es la posibilidad de hallar  las reservas adicionales que satisfagan las necesidades de abastecimiento interno, la obtención de ingresos fiscales y el manejo adecuado de los impactos sociales y ambientales.

 

Lunes, 28 Enero 2013 04:00

Estatutos

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ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO Y NATURALEZA.- El Colegio se denominará COLEGIO DE ABOGADOS DE MINAS Y PETROLEOS, el cual se constituye por tiempo indefinido, con domicilio en Bogotá, República de Colombia; y podrá establecer capítulos en otras ciudades.

El Colegio es una asociación sin ánimo de lucro y sin carácter político o confesional, dedicado a la investigación científica y educativa en el campo del derecho minero y de petróleos.

 

ARTÍCULO SEGUNDO: FINES.- Los fines del Colegio son los siguientes:

  1. Promover y fomentar el estudio e investigación del derecho minero y de petróleos y demás disciplinas conexas y complementarias.
     
  2. Formular recomendaciones de tipo legal, contractual y sobre procedimientos administrativos, a las entidades competentes, sobre la creación y aplicación de leyes y normas en materia de minería, petróleos y energía: auspiciar y procurar la adopción de políticas y normas claras, definidas y realistas sobre todos los aspectos relacionados con las industrias minera y petrolera, y procurar la actualización y simplificación de los estatutos legales sobre minas y petróleos.

     

  3. Mantener relaciones con entidades similares o afines del país y del exterior, así como participar en reuniones nacionales e internacionales que estudien las materias jurídicas que constituyen el objeto del Colegio.
     
  4. Crear y dirigir el Instituto Colombiano de Derecho Minero y de Petróleos como entidad adscrita al Colegio; celebrar seminarios, cursos, conferencias y  congresos  sobre  estas  materias;  auspiciar  y  asesorar  la institución de cátedras universitarias sobre legislación minera y de petróleos en las facultades de derecho del país.
     
  5. Organizar Capítulos Regionales de Abogados Especialistas en Derecho Minero y de Petróleos.
     
  6. Proponer al Gobierno una política de acción educativa sobre la comunidad, tendiente a crear una conciencia minera y petrolera industrial en el país.
     
  7. Emitir conceptos jurídicos respecto a la legislación minera y petrolera en todos sus aspectos con motivo de su aplicación.
     
  8. Fijar con aprobación del Ministerio de Justicia, los parámetros para el establecimiento de tarifas por concepto de honorarios profesionales.
     
  9. Realizar una compilación de las normas legales sobre minas y petróleos promulgadas en Colombia.
     
  10. Publicar los trabajos sobre Legislación Minera y de Petróleos elaborados por los Miembros del Colegio.
     
  11. Velar por la conducta profesional y ética de sus afiliados y abogados que ejerzan en la rama del derecho minero y de petróleos.
     
  12. Servir como arbitro por medio de su Junta Directiva o a quien ella delegue en negocios relativos a esta materia.

 

ARTÍCULO TERCERO: DE LOS MIEMBROS.- El Colegio estará compuesto por miembros Fundadores, Miembros Titulares, Miembros Honorarios, Miembros Adherentes y Miembros Especiales.

 

  1. Son Miembros Fundadores, aquellos que hubieren asistido a la Asamblea de Fundación y suscrito la respectiva de acta Fundación.
  2. Son Miembros Titulares, aquellos profesionales del Derecho que hayan sido admitidos como tales por el Colegio.

    La calidad de Abogados Especialistas en Derecho Minero y de Petróleos se demuestra mediante la publicación de obras, tesis de grado o ensayos didácticos en el área, la experiencia en la cátedra universitaria o en la magistratura en campos correspondientes a estas materias o en el ejercicio profesional comprobado en estos campos.

     

  3. Son Miembros Honorarios, todas aquellos a quienes el Colegio confiere éste título, en razón de sus relevantes méritos y actividades dentro del campo del Derecho Minero y Petrolero o por otras razones valederas a juicio de la Junta Directiva, para ello se requerirá la aceptación de las dos terceras partes (2/3) de sus Miembros.

    Los profesionales extranjeros, especialistas en el campo del Derecho Minero y de Petróleos podrán ser Miembros del Colegio en calidad de Titulares y Honorarios, según el caso.
     
  4. Son Miembros Adherentes aquellos profesionales que sean admitidos por el Colegio y que ejerzan una actividad relacionada con temas mineros, petroleros y energéticos, tales como ingenieros de petróleos, geólogos, geofísicos, contadores, economistas o quienes sean reconocidos como expertos en esas materias en consideración a los cargos servidos o a estudios publicados. 

    Asimismo son Miembros Adherentes aquellas personas jurídicas que desarrollen actividades académicas o profesionales a fines con los propósitos del Colegio, que en cada caso particular determine la Junta Directiva y bajo las condiciones que ésta disponga.
     
  5. El Colegio contará en forma permanente con los siguientes miembros especiales:
     
    1. Dos servidores estatales designados por el Ministro de Minas y Energía.
    2. Dos servidores estatales designados por el Director de Ingeominas.
    3. Dos servidores estatales designados por el Director de la Agencia   Nacional de Hidrocarburos.

Los miembros de que trata el presente numeral tendrán los mismos derechos y obligaciones de los miembros ordinarios, salvo la obligación de pagar la cuota anual de sostenimiento.Cada dos años deberán ser ratificados los miembros designados por las citadas autoridades y sólo podrán participar en las actividades del colegio mientras conserven su calidad de servidores estatales.

 

ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.- Son obligaciones de los miembros:

  1. Cumplir con las disposiciones de Estatutos, reglamentos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
  2. Cancelar oportuna y regularmente las cuotas de afiliación, las de sostenimiento, así como las que se decreten extraordinariamente.
  3. Mantener el más alto nivel intelectual y ético en el ejercicio de su actividad profesional.
  4. Cumplir con las comisiones que sean asignadas por el Colegio, dentro de la órbita de sus actividades.

 

ARTÍCULO QUINTO: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- EI no cumplimiento de alguna de las obligaciones expresadas en el artículo anterior, ser sancionado, en principio, con la suspensión temporal de la calidad de miembro del Colegio, previo pronunciamiento de la Junta Directiva. Si se tratare de incumplimiento de naturaleza grave, calificado por la Junta Directiva, la  sanción será la expulsión definitiva del Colegio.  En uno y otro caso se requerirá, para adoptar la decisión respectiva del voto afirmativo emitido por seis (6) de los ocho (8) Miembros que integran la Junta Directiva.

 

ARTÍCULO SEXTO: DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva del Colegio estará conformada por un Presidente, un Vicepresidente Primero, un Vicepresidente Segundo,  un Secretario General, un Tesorero y tres Vocales. El Secretario, el Tesorero y los tres Vocales tendrán sus respectivos suplentes.

Todos los Miembros de la Junta Directiva y sus suplentes serán elegidos por la Asamblea General.

Los Miembros Adherentes del Colegio no podrán ser miembros de la Junta Directiva del mismo.

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.-Las atribuciones de la Junta Directiva son:

  1. Aprobar el presupuesto de ingresos y de gastos para cada ejercicio anual.
  2. Crear comités y subcomités permanentes o accidentales de investigación en los diferentes campos del derecho minero y de petróleos.
  3. Velar por la buena marcha de las actividades del Colegio y por el mantenimiento del espíritu de unión y colaboración entre sus miembros.
  4. Estudiar la administración de Miembros Titulares y Honorarios.
  5. Imponer las sanciones a que se refiere el Artículo Quinto de los Estatutos.
  6. Coordinar la publicación de un órgano informativo de las actividades del Colegio.
  7. Suministrar declaraciones y/o informa­ciones a la prensa nacional o internacional.
  8. Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias o extraordinarias.
  9. Dirigir el Instituto Colombiano de derecho Minero y de Petróleos.
  10. Calificar la conducta profesional y ética de sus afiliados y de los Abogados que ejerzan en la rama del Derecho Minero y de Petróleos.

 

ARTÍCULO OCTAVO: REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva sesionará, por convocatoria de su Presidente, al menos seis veces al año. De todas maneras, el presidente podrá citar a reunión de la Junta Directiva cuando lo considere necesario. El quórum para sesionar y decidir es la mitad  más uno de sus integrantes,  a excepción del literal C) del Artículo Tercero.

PARAGRAFO: El Colegio tendrá un Revi­sor Fiscal, que deberá ser Contador Público, para examen y revisión de las cuentas.

Tendrá voz pero no voto en las reuniones de la Junta Directiva; será elegido por la Asamblea General y tendrá un suplente de las mismas calidades del principal, también elegido por la Asamblea.

 

ARTÍCULO NOVENO: DE LA ASAMBLEA GENERAL.- La Asamblea General es el máximo organismo rector del Colegio.  Está integrada por todos los Miembros de la Institución.

 

ARTÍCULO DÉCIMO: VOZ Y VOTO EN LA ASAMBLEA.- Todos los Miembros del Colegio tienen derecho a voz y voto, siempre y cuando estén a paz y salvo, con el Colegio, exceptuando a los miembros adherentes, quienes podrán asistir a la Asamblea, pero no tendrán voz, ni voto.

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: REUNIONES DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año en el mes de Abril, el día y la hora señalados por la Junta Directiva, y extraordinariamente cuan así lo decida la Junta. Esta deberá convocar a los Miembros al menos con una semana de anticipación.

Habrá quórum con la presencia de no menos de una tercera parte de sus miembros que se encuentren a paz y salvo el de la reunión, de conformidad con los reglamentos vigentes en esa fecha.

Si pasada la primera hora de la convocatoria no se reúne e1 quórum necesario Asamblea podrá deliberar y decidir válidamente, con cualquier número de asistentes, siempre y cuando estos se encuentren a paz y salvo.

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA.- Las funciones de la Asamblea General son las siguientes:

  1. Elegir la Junta Directiva por un periodo de dos (2) años.
     
  2. Determinar la política general que debe regir las actividades del Colegio.
     
  3. Recibir y considerar los informes de la Junta Directiva.
     
  4. Examinar y fenecer las cuentas de Tesorería.
     
  5. Considerar  y   decidir sobre la aprobación de los estados de resultados  la situación patrimonial a diciembre 31 del año calendario inmediatamente anterior.
     
  6. Disolver el Colegio con el voto del setenta por ciento (70%) de los Miembros integrantes.
     
  7. Elegir Revisor Fiscal y Suplente, quienes deberán ser Contadores Públicos.

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.- la Representación Legal del Colegio la ejercerá el Presidente y en sus ausencias definitivas o temporales el Primer Vicepresidente, con las mismas facultades del principal.

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DEL PATRIMONIO.- El Colegio en su calidad de persona jurídica, para adquirir bienes muebles e inmuebles y obligaciones.

Su patrimonio estará formado por cuotas de los socios, ordinarias y extraordinarias, señaladas por la Junta Directiva; donaciones de entidades públicas y privadas; honorarios, participaciones que obtenga por efecto de sus actividades.

En caso de disolución, compete a la Junta Directiva aprobar el procedimiento a seguir para la liquidación de los bienes sociales, de los cuales se hará traspaso a otras entidades afines, sin ánimo de lucro.

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS.- El Colegio podrá reformar los presentes Estatutos mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros asistentes, que se encuentren a paz y salvo, reunidos en Asamblea General.

 

Lunes, 28 Enero 2013 03:52

Comisión Académica

1

Lista de Miembros de la Comisión Académica 

 Dr. GUSTAVO SUÁREZ CAMACHO

 Dr. FERNANDO MEDINA ARROYO

 Dra. MARLENE DURÁN CAMACHO

 Dr. ALFREDO LEWIN FIGUEROA

 Dr: EMILIO WILLS CERVANTES

 Dr. RODOLFO GARCÍA PAREDES

 Dr. CARLOS TORRES LATORRE

 Dra. ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS

 Dr. EDGAR  PARÍS SANTAMARÍA

 Dr.JUAN GODOY FAJARDO

 Dra. SANDRA MANRIQUE LOAIZA

 Dr. GUSTAVO GUERRERO RUÍZ

 

 

 

Lunes, 28 Enero 2013 03:51

Presidentes por periodo

1

 

  INICIO PERIODO

FINAL PERIODO

 

ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS

 

05/01/2012

04/04/2014

 

ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS

 

04/01/2010

04/01/2012

 

ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS

 

02/03/2008

03/01/2010

 

ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS

 

02/03/2006

01/03/2008

 

ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS

 

02/03/2004

01/03/2006

 

ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS

 

18/04/2002

01/03/2004

 

FERNANDO MEDINA ARROYO

 

05/05/1998

17/04/2002

 

MARLENE DURÁN CAMACHO

 

28/04/1994

04/05/1998

 

FERNANDO MEDINA ARROYO

 

27/04/1990

27/04/1994

 

FERNANDO CAYCEDO MALO

 

30/10/1987

26/04/1990

 

AURELIO MARTÍNEZ CANABAL

 

08/11/1983

29/10/1987

 

JOSE MARÍA CÓRDOBA PÉREZ

 

02/02/1980

07/11/1983

Lunes, 28 Enero 2013 03:45

Junta Directiva

1

INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA 2014 - 2016

PRESIDENTE
Dra. ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS

PRIMER VICEPRESIDENTE
Dr. ANTONIO SANCLEMENTE VELÁSQUEZ

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Dr. GUSTAVO SUÁREZ CAMACHO

SECRETARIO GENERAL
Dr. JULIO CÉSAR PARRA DUARTE 

SECRETARIO SUPLENTE
Dr. JORGE ENRIQUE GUTIÉREZ AVILA

TESORERO PRINCIPAL
Dr. BERNARDO MEDINA GONZÁLEZ 

TESORERA SUPLENTE
Dra. GABRIELA MANCERO BUCHELLI


VOCAL PRINCIPAL
Dr. ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO


VOCAL SUPLENTE
Dr. MILTON MONTOYA PARDO

VOCAL PRINCIPAL
Dra. MARLENE DURÁN CAMACHO 

VOCAL SUPLENTE
Dra. JUAN MANUEL GARRIDO

VOCAL PRINCIPAL
Dr. IDOLFO ROMERO RODRÍGUEZ 

VOCAL SUPLENTE
Dr. FERNANDO MEDINA ARROYO